Valparaíso después del Mall Barón

Jaime Lindh

La ciudad puerto vive días turbulentos. Tras la anulación del permiso de edificación entregado por el municipio al grupo Mall Plaza, Valparaíso es testigo de un creciente atrincheramiento entre el alcalde Sharp, la empresa portuaria, los parlamentarios -electos y en ejercicio- y otros actores.

Si bien esta trama tiene varias aristas por resolver, lo relevante es la decisión en torno a qué proyecto se realizará en un espacio estratégico para el desarrollo de la ciudad.

Es fundamental que la autoridad recoja los aprendizajes de la experiencia reciente. Y en esto, hay un punto por resaltar: la decisión a tomar debe ser estable en el tiempo.

Valparaíso no puede darse el lujo de seguir desaprovechando los beneficios sociales y económicos asociados al uso de su borde costero. Ahora bien, esta estabilidad está sujeta a condicionantes.

Primero, es fundamental que se considere a los múltiples actores involucrados, tanto a las autoridades nacionales, regionales y locales como a la sociedad civil; universidades, empresarios, gremios y vecinos, que -por de pronto- son fuerzas muy activas en el puerto.

Es innegable el interés transversal por superar el decaimiento de Valparaíso. No obstante, el diálogo será efectivo en la medida que no primen las anteojeras ideológicas en la autoridad de turno y exista una actitud convergente que ponga el interés de la ciudad como máxima superior.

Segundo, con el objeto de preservar la estabilidad en la decisión y siendo conscientes de la urgencia por aprovechar la oportunidad que dicho espacio entrega a la ciudad, resulta esencial que el futuro proyecto provenga de una alianza público-privada. Por la magnitud del tipo de proyecto, el financiamiento público podría ser solamente sectorial. No obstante, esta opción implicaría asumir año a año la incertidumbre sobre si realmente estarán los recursos para iniciar o continuar las obras.

Esto no es una ilusión, sino que una realidad, que Valparaíso ha sufrido en iniciativas tan importantes como la extensión del Merval o la reparación de la Avenida España. Sería imprudente asumir nuevamente este riesgo, pensando que atenta contra el sentido de urgencia del desafío en cuestión. En contraste, el apalancamiento de recursos privados aseguraría una mayor seguridad y agilidad en la consecución del proyecto.

Este tipo de alianza supone la existencia de ciertas certezas en la ciudad puerto –como en cualquier otra parte del mundo- que no son sólo jurídicas, sino que políticas.

He ahí el valor del diálogo que debe complementarse con una actitud colaborativa de las partes. En la medida que estén las ideas y recursos, el desafío de la autoridad debe ser canalizar dicho ímpetu hacia el desarrollo de la ciudad. Y no lo contrario.